La justicia constituye el fundamento sobre el cual se construye toda sociedad democrática y progresista. Desde el Código de Hammurabi en la antigua Babilonia hasta los tiempos modernos, la humanidad ha comprendido que sin justicia no existe orden social posible. El libertador Simón Bolívar expresó magistralmente en 1815 que "la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostienen la igualdad y la libertad". Hoy, en Venezuela, esta premisa debe guiar la construcción de un sistema judicial verdaderamente al servicio de los ciudadanos.

La realidad del sistema penitenciario y judicial venezolano presenta cifras alarmantes que demandan acción inmediata. En los calabozos del Cicpc permanecen detenidas más de siete mil personas, de las cuales casi nueve de cada diez se encuentran sin condena definida. Esta situación representa una violación flagrante de derechos fundamentales, pues estos individuos están cumpliendo una pena de facto antes de ser juzgados. Una justicia que tarda años en determinar la culpabilidad o inocencia de una persona ya ha ejercido castigo, independientemente del veredicto final. Esta realidad refleja la urgencia de implementar reformas concretas en el debido proceso.

La reforma judicial debe traducirse en medidas específicas y verificables. Es indispensable garantizar el debido proceso desde el momento de la detención, respetando los plazos establecidos en la ley y asegurando la presentación del detenido ante un juez dentro de las primeras cuarenta y ocho horas. Además, debe garantizarse el acceso oportuno a defensa legal y se requiere un plan nacional coordinado contra el retardo procesal que aqueja los tribunales. La independencia de jueces y fiscales constituye otro elemento esencial, requiriéndose concursos públicos transparentes, cronogramas claros y procedimientos disciplinarios que ofrezcan garantías reales a los funcionarios judiciales.

Finalmente, la administración de justicia necesita recursos suficientes para funcionar adecuadamente. La Constitución establece una asignación presupuestaria mínima del dos por ciento para el sistema de justicia, recurso que debe fiscalizarse ante la Asamblea Nacional con total transparencia. Es necesario implementar la digitalización de expedientes, consultas en línea y sistemas de reparto aleatorio y auditable de causas. Las estadísticas judiciales, sentencias y tiempos de resolución deben estar disponibles para el escrutinio público. Solo mediante una combinación de independencia judicial, recursos adecuados, transparencia radical y tecnología moderna podrá Venezuela construir un sistema de justicia verdaderamente digno y al servicio de sus ciudadanos.

Fuente: Tal Cual — Ver nota original


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