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Hoy por hoy

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Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se divide en cuatro salas –Penal, Civil, Contencioso Administrativo y de Negocios Generales– sus integrantes actúan de manera colegiada, como cuando deben decidir negocios de carácter constitucional. Por ello es inexplicable que no haya habido un solo cuestionamiento a dos de esos magistrados, acusados de poner en venta sus decisiones judiciales, uno de ellos, nada menos que el presidente interino de la CSJ, y el otro, a través de su hijo, plenamente identificado en la actividad corruptiva. En el caso del magistrado Hernán De León, no es la primera vez. Antes admitió a la procuradora de la Nación que lo habían grabado –quién sabe en qué inconfesable asunto– y que era objeto de chantaje para declinar la competencia del proceso seguido a Ricardo Martinelli. Junto con él, ahora el ponente en un fallo sobre este mismo caso –del que depende todo el proceso– es acusado de vender sus decisiones al mejor postor. Pese a ello, los otros siete magistrados nada han dicho. Ni siquiera parece molestarles el hecho de que quien vende su conciencia una vez, lo hará el resto de su vida. ¿Qué credibilidad pueden tener sus fallos, aunque sean en estricto derecho? La reputación de ambos –y la de varios de sus colegas en la CSJ– está irreparablemente manchada. Uno de los magistrados acusados dijo que su honestidad no está “en duda”. Esa etapa ya pasó. Las pruebas en su contra han despejado toda duda, dando paso a la certeza de la inexistencia de su alegada honestidad.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

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