El régimen de Delcy Rodríguez excarceló este sábado 14 de noviembre al preso político ítalo-venezolano Daniel Enrique Echenagucia, quien había permanecido detenido desde agosto de 2024 en la cárcel de El Rodeo I. La liberación se concretó mediante medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, según informó el denominado "Programa para la Convivencia Democrática y la Paz" a través de un comunicado difundido por el diplomático Oliver Blanco. La recomendación del programa fue acogida por los órganos del sistema de justicia penal con base en el artículo 242, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, lo que permitió hacer efectiva su liberación en el marco de las iniciativas de "reconciliación nacional".
La excarcelación de Echenagucia llega casi diez meses después de que un tribunal emitiera una boleta de excarcelación a su favor el 19 de enero de 2026, que nunca fue ejecutada hasta ahora. Tanto su esposa como la organización Foro Penal denunciaron en reiteradas ocasiones la falta de cumplimiento de esa medida judicial. Cabe destacar que como se trata de medidas cautelares sustitutivas, el proceso judicial en su contra continúa abierto y la investigación sigue su curso.
Durante su reclusión en El Rodeo I, Echenagucia estuvo confinado en una celda de dos por dos metros sin la atención médica adecuada para tratar su asma crónica, artrosis e hipertensión, según información recopilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de este año, la CIDH dictó medidas cautelares a su favor al considerar que existía un riesgo inminente para su vida, integridad y salud. Su caso generó considerable presión internacional, con pronunciamientos de legisladores estadounidenses como el senador Rick Scott en mayo y el congresista Carlos Giménez, quien exigió su libertad apenas el jueves pasado.
Echenagucia se convirtió en uno de los rostros más visibles de los presos políticos con nacionalidad italiana en Venezuela. A lo largo de su detención, su familia denunció persistentemente la falta de garantías del proceso judicial, calificando su encarcelamiento como arbitrario. En febrero, su esposa clamó públicamente por su libertad tras lo que describió como dieciocho meses de una detención sin justificación legal válida.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
