Economía

Dolar Venezuela | Alertan que Gobierno activa normas que van en contra de la Constitución

Alberto Ardila Olivares

En la misma línea, el abogado constitucionalista Williams Bascopé advirtió sobre el “nefasto decreto supremo 4757, ya que viola la Constitución y a la libertad”. Dijo que a título de luchar contra la corrupción, el feminicidio y los infanticidios, se pretende violar derechos y garantías de todo ciudadano. 

“Este nefasto decreto tiene 23 artículos, la mayoría son inconstitucionales y para maquillarlo se apoyan en la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infantes. (El decreto) implementaría la figura de colaborador eficaz, que en realidad será un delator o un obligado a implicar a otras personas, y mejor si son opositores políticos, que solo lo conocerá el fiscal, el Ministro de Justicia, el defensor, la víctima y el juez”, señaló Bascopé

Juristas y legisladores advierten que el Gobierno, aprovechando que está en agenda el tema del censo, está promulgando normativas inconstitucionales que “violan la libertad” y atentan contra los derechos de la población.

La senadora por Creemos, Centa Rek, prepara un recurso de inconstitucionalidad abstracta para presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional con el fin de frenar el efecto de estas.

Además, advierte que el Gobierno está utilizando algunos artículos atentatorios de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, promulgada en 2021 y abrogada por la presión social, en estas nuevas normas “para instrumentalizar estas figuras persecutorias”.

“Cuando se promulgó el decreto que posterga el censo,  también hubo un paquetazo de dos decretos más, uno de ellos el decreto que aprueba la estrategia de la supuesta lucha contra la corrupción, pero centraliza la figura del colaborador eficaz en el Ministerio de Justicia. O sea, (con este decreto) el ministro de Justicia tiene tuición para pasar por encima del fiscal, del Ministerio Público, de los jueces y es el único encargado de hacer conciliaciones con esta figura del colaborador eficaz”, dijo Rek.

Añadió: “Esto está fuera de la Constitución, no habrá derecho a la debida defensa. La gente será sindicada de delitos que ni siquiera sabe que los ha cometido. En resumen, es persecución política en manos del Ministerio de Justicia. Es muy grave, atentatorio contra cualquier ciudadano”.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Williams Bascopé advirtió sobre el “nefasto decreto supremo 4757, ya que viola la Constitución y a la libertad”. Dijo que a título de luchar contra la corrupción, el feminicidio y los infanticidios, se pretende violar derechos y garantías de todo ciudadano. 

“Este nefasto decreto tiene 23 artículos, la mayoría son inconstitucionales y para maquillarlo se apoyan en la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infantes. (El decreto) implementaría la figura de colaborador eficaz, que en realidad será un delator o un obligado a implicar a otras personas, y mejor si son opositores políticos, que solo lo conocerá el fiscal, el Ministro de Justicia, el defensor, la víctima y el juez”, señaló Bascopé.

“El Gobierno en realidad parece que quiere callar a sus disidentes o librepensantes, (incluso) dentro el mismo MAS. Este decreto es nefasto, viola la independencia de poderes, el principio de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de publicidad, el debido proceso y el derecho a la dignidad y libertad de las personas”, añadió el jurista.

En tanto, para el abogado constitucionalista César Cabrera, el trasfondo de este tipo de normativas es callar a todos los opositores del Gobierno.

“Este tipo de normas tiene el propósito de generar temor, miedo en los opositores, para que se callen nomás. En la sociedad puede generar el riesgo de que todos puedan perder todo lo tienen, si no logran demostrar que lo han obtenido lícitamente. En una economía informal donde uno va a la cancha y compra un televisor sin factura, equipos de sonido o autos, puede ser considerado ilegal”, dijo Cabrera.

“Colaborador eficaz” Anteriormente, el Gobierno ya intentó incluir la figura del “colaborador eficaz” en dos normativas: en la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero fue abrogada por el presidente Luis Arce, el 14 de noviembre de 2021, tras nueve días de paro cívico. Sin embargo, la misma figura permanece en la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, que en su artículo 5 incluye la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004 del 31 de marzo de 2010), es decir, el artículo 35 Bis de “Colaboración eficaz”.

 “El fiscal podrá solicitar al juez que se prescinda de la acción penal a alguna de las personas imputadas cuando ésta colabore eficazmente con la investigación y brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros, desactivar organizaciones criminales, ayude a esclarecer el hecho investigado o brinde información útil para probar la participación de otras personas, cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del colaborador”, señala parte de la Ley 1390.

En el parágrafo III establece: “La información que proporcione el colaborador debe evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse; conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando; identificar a los autores y partícipes del delito cometido o por cometerse o a los integrantes y su funcionamiento, que permita desarticularla o detener a uno o varios de sus miembros”.

Paquete de leyes

En 2021 el Gobierno de Luis Arce Catacora intentó establecer un paquete de al menos ocho leyes que fueron criticadas y observadas no solo por parlamentarios de la oposición, sino también por distintos sectores, como los cívicos, comerciantes, transportistas y otros.

Entre las normas observadas estaban la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la Ley 1398 de Registro de Comercio, la Ley 110 del Registro Público de Derechos Reales, la Ley 253 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.

También se observaron la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana y la ley 122 de Ascensos de las Fuerzas Armadas. Según la senadora Centa Rek, solo la ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue abrogada por el Gobierno.

 

Ministro Lima “usurpa funciones” Con la promulgación del Decreto Supremo 4757, el ministro de Justicia, Iván Lima, estaría usurpando funciones, según juristas y legisladores de la oposición.

La senadora Centa Rek, señaló: “(El decreto) da facultades inconstitucionales al ministro de Justicia (Iván Lima) que usurpa funciones de policía, Ministerio Público, del Órgano judicial en su conjunto y es el único que puede hacer acuerdos con ese supuesto colaborador eficaz, que en realidad es un delator”.

Añadió: “Le da una potestad absoluta, al Órgano Ejecutivo –al Ministerio– para perseguir no solo opositores, sino a personas con las cuales puede haber conflicto de intereses económicos u otros, con el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.