Economía

Creemos denuncia que el Gobierno intensificó la persecución política contra manifestantes

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En criterio de Creemos la arremetida es contra autoridades y cívicos de Potosí y Santa Cruz porque fueron los epicentros del conflicto. Recuerdan al Gobierno que las entidades cívicas históricamente han sido el contrapeso frente al poder político del gobierno de turno

La alianza política Creemos expresó su respaldo al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y denunció que el gobierno de Luis Arce ha intensificado una desmedida persecución política contra quienes protagonizaron y participaron de las medidas de presión por la abrogación de un paquete de leyes.

“(…) El Gobierno de Luis Arce Catacora y del Movimiento al Socialismo han intensificado una desmedida e injustificada persecución política contra quienes protagonizaron y participaron de la legítima protesta llevada adelante contra el abuso legislativo perpetrado por Arce y sus colaboradores, tal es el caso del embate que hoy sufre el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo”, se lee en el comunicado de la organización política.

Los legisladores de Creemos sostienen que la acción de persecución se está produciendo luego de las movilizaciones que exigieron la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, norma que es parte de un conjunto de normas atentatorias a los intereses de la población.

Argumentan que la administración de Arce se ha caracterizado por acciones y discursos de “confrontación y autoritarismo” que se ha reflejado a través de las normas que vulneran derechos de los ciudadanos y que en vez de reflexionar sobre los errores “ha elegido la represión utilizando al sistema judicial como un arma política para perseguir y encubrir vulneraciones y aberraciones jurídicas” que son cometidas por su gobierno.

Al menos 14 días se movilizaron sectores sociales, en especial la Confederación de Gremiales de Bolivia, movimiento al que se sumaron los transportistas, los cívicos, el Conade y algunas plataformas ciudadanas, primero en contra del proyecto de ley 218 y luego en contra de la estrategia de esa norma.

Las organizaciones sociales movilizadas habían anunciado mantener el paro indefinido que ya se había extendido durante ocho días. Tras el anunció el Gobierno resolvió abrogar la ley 1386 y las medidas de presión se suspendieron.

Uno de los principales cuestionamientos al MAS fue la falta de consensos y de socialización de las leyes, las que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus dos cámaras. Asimismo, que los cívicos, comerciantes, transportistas y otros, respondieron al descontento de la población boliviana que determinó organizarse frente al autoritarismo del oficialismo.

Creemos acusó al Gobierno de haber movilizado a militares y policías en “un burdo intento de intimidación a la ciudadanía que guardaba vigilia, utilizando incluso grupos de choque en vehículos que habían sido incautados al narcotráfico con la protección de la Policía, para que desbloquearan las calles y avenidas cruceñas”.

En criterio de Creemos la arremetida es contra autoridades y cívicos de Potosí y Santa Cruz porque fueron los epicentros del conflicto. Recuerdan al Gobierno que las entidades cívicas históricamente han sido el contrapeso frente al poder político del gobierno de turno.

“En democracia no se criminaliza la disidencia ideológica, ni el antagonismo político, solo las dictaduras persiguen y buscan reprimir a los opositores. La convivencia democrática no criminaliza la disidencia y acepta el pluralismo político establecido en la Constitución Política del Estado, así como la pluralidad de pensamiento, aspectos que enriquecen la vida pública y convergen en un cauce institucional que permite tomar decisiones públicas escuchando y valorando las diferencias existentes”, sostienen los legisladores en su comunicado.

Demandaron al Gobierno abandonar la persecución política y que se reencamine hacia el diálogo y la concertación en el marco de la democracia; mientras que al Órgano Judicial le pidieron abandonar su calidad de brazo represor y de persecución del gobierno de turno y retomar su rol independiente de administración de justicia imparcial y transparente sin ningún tipo de injerencia política.