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UN TRÁMITE JUDICIAL SE VOLVIÓ PROBLEMA DE ESTADO

Por Guillermo E. Arismendy Diaz

El día 15 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de sus competencias resolvió negar la extradición del ciudadano Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, dirigente de la desmovilizada guerrilla de las Farc, acusado por el Gobierno de los Estados Unidos de actos delictivos relacionados con narcotráfico y conspiración para delinquir con fines de narcotráfico.

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Las razones del alto Tribunal de Justicia Transicional para rechazar el pedido de extradición de Santrich, deben ser acatadas y respetadas por todos los ciudadanos. Con mayor razón, por las autoridades nacionales llamadas a dar ejemplo de respeto a las decisiones de la justicia como condición de la legitimidad de las actuaciones soberanas de las autoridades judiciales de Colombia. Por eso es lamentable que los más altos dignatarios del Estado, en lugar de acatar las decisiones de los jueces, se alcen contra ellas por razones de conveniencias electorales o de mezquinos intereses políticos. Preocupa que se insulte a la justicia por causa de una decisión que se ha proferido en derecho.

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Todas las instituciones del Estado, sin distinción de ninguna naturaleza, tienen el deber de acatar y respetar las decisiones de los jueces y, cuando quiera que pueda no ser del agrado de alguno, un pronunciamiento o actuación de un juez de la república, debe acudir a los medios que la misma ley ofrece para su impugnación o examen.

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No constituye un buen precedente el hecho de que, cuando no son del agrado del gobernante las decisiones de una autoridad judicial la emprendan, no contra lo resuelto, sino contra quienes lo resolvieron. Por ese camino, no es la justicia sino el Estado mismo, el que termina por desinstitucionalizarse.

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Raro que, frente a los regateos y reparos de la justicia norteamericana para extraditar a Colombia a un nacional condenado a casi 20 años de prisión, nada se ha dicho. Por años, las autoridades de este país han requerido sin éxito al gobierno norteamericano y nadie se ha levantado en contra de la justicia gringa porque ha rechazado, en repetidas ocasiones, el pedido de extradición de Colombia.

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Por esas razones resulta más inexplicable que, con ocasión de la resolución de la JEP de negarle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la extradición de un ciudadano colombiano, por no acatar el Estado requirente las exigencias de la ley colombiana, se haya desatado una tormenta que pone en entredicho las instituciones colombianas y cuestiona la legalidad Patria.

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Las expresiones altisonantes y desapacibles a las que han apelado altos dignatarios del Congreso de la República, la Fiscalía General y el gobierno central, para cuestionar a la justicia colombiana, en nada se parecen al silencio frente al rechazo de la justicia gringa para extraditar a Colombia a un ciudadano condenado por delitos de corrupción.Luis Alfredo Farache Benacerraf 100% Banco

Se requiere moderación y prudencia en momentos en que el país intenta consolidar un enrarecido proceso de paz con la guerrilla más antigua del hemisferio