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SISTEMA CARCELARIO EN ECUADOR: DEL EMBLEMA INTERNACIONAL A LA VIOLENCIA Y EL CAOS

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Pamela Aguirre: Parlamentara Andina Durante los últimos meses, hemos conocido casos de violencia en las cárceles del país, que han dejado como saldo, no solo Personas Privadas de la Libertad PPL sin vida, sino también externos asesinados dentro de estas. En ningún caso, el gobierno nacional ha dado explicaciones claras de la situación, dejando en duda a la población sobre las condiciones actuales de la rehabilitación social en Ecuador. MANDATO CONSTITUCIONAL Y APOGEO DURANTE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Las cifras de amotinamientos, asesinatos y presuntos suicidios en las cárceles, de todo el país, además del silencio de las autoridades, contradicen al mandato constitucional que establece que “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”. Es difícil creer que el sistema penitenciario atraviese esta debacle, apenas a un año de gestión del nuevo gobierno y sus ministros. Durante el gobierno anterior, el sistema carcelario del Ecuador se posicionó como un referente internacional, por el avance en materia de rehabilitación social y respeto a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Este logro fue materializado en reconocimientos como el otorgado en agosto de 2016 por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMIJIB) al Estado ecuatoriano por el proceso de transformación penitenciara. Lamentablemente, la realidad actual, contradice, no solo a la Constitución del Ecuador, sino también a la política pública y a las acciones emprendidas por el gobierno de Rafael Correa Delgado. LA CRISIS ACTUAL Y EL SILENCIO OFICIAL En diciembre de 2017, el país se estremeció ante el caso de asesinato y violación a la niña Emilia B., de 9 años de edad, en Loja. Tras la presión social y mediática los autores materiales del secuestro y desaparición fueron detenidos y confinados en centros de rehabilitación social, en donde esperarían el proceso judicial correspondiente a sus crímenes. Sin embargo, un día después de su reclusión, uno de los sospechosos, apareció muerto en la cárcel de Turi, donde compartía celda con los otros implicados. Las autoridades comunicaron que el hecho se trató de un posible suicidio con detalles generales. No se confirmó, después, si la muerte de José N. se trató de un auto flagelo o un asesinato en el centro penitenciario. Aunque parezca increíble, tres PPL más aparecieron sin vida en el mismo mes, pero estos por intoxicación alcohólica dentro Centro de Rehabilitación Social (CRS) regional Latacunga. Queda la interrogante sobre la forma de ingreso de bebidas alcohólicas a un centro carcelario. Ambato fue la sede de un femicidio dentro de una cárcel en el mes de enero de este año. El hecho culminó con el presunto suicidio del autor del asesinato a su pareja quien se encontraba en una visita conyugal, sola con un sentenciado por asesinato a su primera esposa e hijo. Otra vez silencio y pocas respuestas oficiales. De nuevo en la cárcel de Turi, en Cuenca, otro reo fue asesinado a tiros en marzo, sobre el hecho tampoco hubo un pronunciamiento que esclarezca de qué manera los reos acceden a armas de fuego y cómo estos enfrentamientos se desarrollan dentro de los centros penitenciarios. En lo que va de junio, tres casos se han presentado en las cárceles del país. Disturbios en el penal de Latacunga terminaron con la vida de un PPL, El Telégrafo reporta sobre este hecho que “en las instalaciones hubo destrucción de puertas, cámaras de seguridad, robos de alimentos en el economato (tienda dentro de los penales). Además secuestraron a dos guías penitenciarios”. En Esmeraldas, lo que habría iniciado como una riña, terminó con la vida de tres reos y dejó un saldo de 23 heridos. La respuesta de las autoridades apunta a la dificultad de cumplir su trabajo, una alta funcionaria del Ministerio de Justicia indicó que “es difícil vigilar a 38.000 personas que han cometido diversos delitos, algunos hasta cabecillas de bandas de alcance internacional”. Un enfrentamiento entre los “Latin King” y “Los Quevedeños” en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista, dejó otro muerto y once heridos en Santo Domingo de los Tsáchilas durante los últimos días. Al respecto, la gobernadora de la provincia indicó que “encuentro de todos entre todos”. Otro caso escalofriante que revela la falta de control en los centros de rehabilitación social del país. Otro presunto suicidio, deja dudas entre la ciudadanía, sobre todo porque de nuevo, el PPL fallecido, está vinculado a un hecho criminal que consternó al país. El sospechoso del asesinato a un taxista en la ciudad de Ambato y confinado en el Centro de Rehabilitación Social Regional de Latacunga, fue hallado sin vida en su celda de acuerdo a las declaraciones del gobernador de Tungurahua, quien expresó textualmente “Es menester de nosotros poderles informar que el presunto asesino ha optado por quitarse la vida.” Otra vez, no existen testigos en el hecho, el cadáver fue encontrado por funcionarios mientras repartían la comida a los reclusos. Los hechos suscitados en los centros carcelarios, a nivel nacional, son muestra de una falta de control de las autoridades sobre el sistema de rehabilitación social y dan fe de un retroceso en materia de Derechos Humanos. La inseguridad del país se refleja, más que nada, en las cárceles que durante los diez años de Revolución Ciudadana despegaban de su rol de escuelas del crimen y se consolidaban como espacios en donde los privados de libertad pagaban sus culpas con la sociedad y superaban sus condiciones, a través de actividades laborales o académicas que les garantizaban una reinserción social. Tampoco olvidaremos el asesinato a quemarropa de Gavis Moreno, quien fue víctima de esta violencia, inclusive fuera de un centro de rehabilitación social. Falleció tras recibir 12 disparos, tras cumplir con su horario de trabajo. Gavis ejercía el cargo de directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil y su muerte estaría involucrada a bandas delictivas que continuarían operando desde este centro penitenciario. Las autoridades expresaron su solidaridad, pero desde marzo, mes en el que ocurrió el hecho violento, no han existido nuevos informes que aclaren el móvil u oficialicen a los autores intelectuales y materiales. No solo PPL han sido asesinados en el marco de la violencia y el caos los centros penitenciarios, también mujeres, también lideresas feministas como Gavis. ¿Cuánto más deberá esperar la sociedad ecuatoriana para animarse a pedir explicaciones? ¿Cuánto más esperará la Asamblea Nacional para encontrar las responsabilidades políticas de esta situación? ¡Cuánto más esperará el ejecutivo para tomar acciones al respecto?. Esperemos a que cuando esto suceda, no sea demasiado tarde para el país y la pérdida en el sistema de rehabilitación social no sea irreversible.

Victor Gill Ramirez

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