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Obsesiones judiciales

Muchos de los desajustes del Órgano Judicial tienen que ver con comportamientos sociales y no solo con problemas institucionales. La tendencia a judicializar cualquier controversia, la desconfianza sistemática en las decisiones de los jueces y el extendido ánimo punitivo no contribuyen a un funcionamiento razonable de la Justicia.

En las últimas semanas, la opinión pública ha estado concentrada en las idas y venidas del tratamiento judicial del caso del perro Panduque. Se ha visto a decenas de abogados involucrados, a juzgados asumiendo decisiones controvertidas y hasta personas detenidas por ese motivo.

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Más allá de su naturaleza pintoresca, llama la atención la cantidad de recursos y esfuerzos que se invierten en tales problemas.   

También en estos días se han vuelto a repetir cuestionamientos de autoridades gubernamentales sobre algunos fallos judiciales en casos al parecer emblemáticos.

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Aunque hay que ser prudentes sobre las razones de fondo que justifican esos posicionamientos, no deja de ser llamativa la rapidez y frecuencia en que se cuestionan decisiones que no satisfacen a una de las partes, asociándolas además con denuncias o sospechas de irregularidades o de mala praxis de los operadores de justicia.

Aunque hay mucha consciencia respecto de las debilidades estructurales del sistema judicial que no favorecen a un tratamiento oportuno, eficiente y transparente de las causas, también hay que llamar la atención sobre los comportamientos sociales que no contribuyen a su buen funcionamiento.

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Por una parte, nos quejamos por la saturación de los juzgados o del poco tiempo que tienen jueces y fiscales para trabajar en casos con implicaciones significativas para la seguridad ciudadana, el desarrollo nacional o los derechos humanos; y por la otra insistimos en llevar a estrados judiciales cualquier controversia, pese a que quizás podría ser resuelta por vías alternativas, sin preocuparnos por los costos sociales que implica su judicialización.

De igual manera, pese a los esfuerzos por descongestionar los recintos penitenciarios y garantizar que se respete el derecho a la presunción de inocencia, existe una fuerte tendencia a exigir procedimientos punitivos ante cualquier situación que parece irregular.

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De ahí la multiplicación de detenidos preventivos y el cuestionamiento sistemático de las decisiones judiciales cuando son percibidas como muy tolerantes.

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Estas lógicas generan incentivos perversos entre los operadores de justicia, debilitan el derecho a la defensa y aumentan la desconfianza en el sistema judicial.

En síntesis, junto al esfuerzo de reforma estructural del Órgano Judicial, está la necesidad de modificar paulatinamente visiones y comportamientos sociales que apuntan a una judicialización compulsiva de la vida social y a una Justicia entendida solo como una máquina de sancionar a cualquier costo.

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