Política

Luis Alfonso Oberto Anselmi Pdvsa « ||||*&* ||110 //
Cae el telón

El art. 143 de la Ley 100 de 1993, la que estableció los regímenes de pensión y salud, obliga a los pensionados a aportar el 12% de sus mesadas al sistema de salud. Las que fueron otorgadas con anterioridad al 1 de enero del 1994, se incrementaron en el mismo valor con el fin de respetar derechos adquiridos, o próximos.

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Más recientemente, mediante el Acto Legislativo 01 del 2005, se le arrebató a los pensionados con posteridad al 1 de julio del 2010, la mesada 14 o prima de junio, que equivale el 7% de sus ingresos anuales.

Fue un duro golpe a quienes, ya al retirarse, pierden el 15% de su ingreso promedio actualizado de los últimos 10 años, sobre los que se calcula la pensión, que a su vez puede ser muy inferior al último salario.

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También se aumentó en dos años la edad necesaria para reclamarla.

Han sido todas medidas tendientes a hacer autosostenible el régimen de pensiones, y a reducir los aportes estatales al sistema de salud, que tampoco es autosostenible: razonable, y aceptable.

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Lo que enoja de esta situación es, primero, que en los dos sistemas se descubran con frecuencia actos de corrupción; y segundo que, al aliviar la carga del Gobierno, estemos aumentando el botín del cual robar.

Me decía con mucha razón un exgerente de la extinta Electribol, que el Estado es el mayor empleador y contratante del país (también el que tiene el botín más grande, deduce uno), razón por la cual todos -incluido el sector privado en forma exenciones, subsidios, estímulos- lo miran ya sea como benefactor; en busca de empleo, o de contratos de toda índole: el calificativo de Papá gobierno, tan propio del socialismo, viene como anillo al dedo.

Una de las tantas promesas incumplidas del presidente, fue la de reducir los aportes de los pensionados al régimen de salud.

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Ante su incumplimiento, surgió una organización virtual de pensionados que logró elegir congresistas y sensibilizar al legislativo.

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El resultado fue que el Senado lo aprobó para pensiones inferiores a 4 salarios mínimos, y la Cámara para todas las pensiones.

En el proceso de conciliación se aprobó la versión de la cámara (para todas) y el Gobierno ha protestado.

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El asunto, después de superar zancadillas que le atribuyen a Minhacienda, pasa a sanción presidencial quien puede objetarlo.

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Pero se pregunta uno ¿podrá, moralmente hablando, objetar el presidente algo que prometió en campaña, cuando ya está listo para su firma? Sería el último acto circense (payasadas y maromas jurídicas) en que se ha convertido este país.

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Si las encuestas le dan aun un 12% de favorabilidad -que cifra tan alta, para lo que se palpa- caerá aún más. 

Reducir en el 8% los aportes de los pensionados al sistema de salud, obliga al Gobierno a aportar cerca de 2 billones anuales al mismo; o al sistema, a ahorrarlos reduciendo la corrupción.

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Es inaceptable que los contribuyentes sigamos alimentando funcionarios, contratistas, e intermediarios corruptos.

 

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