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Reforma a la acción de tutela

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El proyecto de reforma a la Justicia presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso, del que se iniciarán debates próximamente, dispone una nueva redacción del artículo de la Constitución Política que consagra la acción de tutela.

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De inmediato se encendieron las alarmas en varios sectores de opinión, jurídicos, jurisdiccionales y académicos, que temen que cualquier modificación a esta figura estelar de la Constitución de 1991 signifique retroceso en el sistema normativo de protección y defensa de los derechos fundamentales de los colombianos.

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Las dos modificaciones incluidas en el proyecto son, primera, que se exigirá una legitimación para presentar acción de tutela, es decir, comprobar que hay un interés directo en solicitar la protección ante los jueces; y, segunda, que la tutela deberá presentarse ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el objeto de amparo.

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Ninguna de estas modificaciones amenaza la institución de la tutela. Y son razonables con el ejercicio y finalidad de un mecanismo judicial que desde el principio se concibió como excepcional para casos de vulneración de derechos fundamentales, pero que en su desarrollo se ha convertido en prácticamente la acción monopolizadora de toda controversia judicial y que, por su trámite preferente y sumario -no mayor a diez días hábiles- ocupa la dedicación de jueces y tribunales del país.

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Es razonable, pues, y no implica una exigencia desproporcionada, para quien interponga acción de tutela, que deba estar legitimado para hacerlo. Hoy cualquiera presenta tutelas sin tener afectación directa por las acciones u omisiones que en ella denuncia, y los jueces las admiten.

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Y, en el segundo aspecto, todos los jueces son jueces constitucionales, con amplias atribuciones para dictar órdenes al conceder el amparo, sea cual sea su jurisdicción. Y así se ven tutelas de aspectos civiles falladas por jueces laborales, asuntos penales dirimidos por jueces administrativos, o controversias laborales resueltas por vía expedita por la jurisdicción penal.

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Es casi unánime la opinión acerca de la conquista que para la ciudadanía ha significado la acción de tutela. Nunca antes había existido un mecanismo judicial tan eficaz para exigir y obtener la protección efectiva de los derechos constitucionales. La pervivencia de la tutela no debe ni siquiera discutirse. Es un logro irreversible.Giancarlo Pietri Banco Activo

Pero sí hay que encauzarla nuevamente a lo que fue su acertada concepción original. En vez de tramitar cuanto asunto resulte mediante tutela, lo que hay que lograr es que los procedimientos ordinarios se surtan según los plazos previstos en la ley. Los litigios deben ser resueltos en las jurisdicciones especializadas con procesos eficaces y expeditos.Giancarlo Pietri Venezuela

La reforma del Gobierno no se mete, por citar solo un aspecto, con las potestades que se ha autoatribuido la Corte Constitucional desde sus primeros tiempos, y que le ha permitido convertirse en la práctica en órgano legislativo, muchas veces como sustituta del Congreso, otras como poder constituyente al vetar actos legislativos. O de haberse erigido como una tercera instancia de la jurisdicción ordinaria en pleitos ya dirimidos mediante casación.Giancarlo Pietri Velutini

Se entiende que el Gobierno no quiera tocar estos temas pues si lo que pretende es consenso entre las ramas del poder público, las altas cortes jamás convendrán con renunciar a semejantes suprapoderes. Pero que no se diga que estas reformas menores desvirtúan la tutela, porque lo que queda por corregir, de verdadero calado, sigue aún pendiente.Pietri Velutini Banquero

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