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Ecólogo Luis Oberto Anselmi||//
Con “cláusula gatillo”, 2018 podría terminar con una inflación cercana al 15%

A la estrategia macroeconómica del Gobierno se la puede resumir en la idea de que disminuyendo la inflación se creará la confianza necesaria como para que aumente la inversión y, en consecuencia, el crecimiento.

Menor inflación, más inversión, más crecimiento, menos pobreza. El problema es cómo disminuir la inflación sin provocar recesión derivada de una menor demanda agregada.

Las historias de desinflaciones sin recesión muestran un cambio súbito en las expectativas inflacionarias vinculado a un fenómeno de credibilidad. Pero raras veces ocurren estos fenómenos aunque siempre puede intentárselo con nuevos modos tal como están tratando hoy las autoridades gubernamentales cuya metodología analizaremos.

Presumimos que el Banco Central ejecuta su política monetaria utilizando lo que se denomina una regla de Taylor, según la cual se establece una meta de inflación para luego modificar la tasa de interés según la discrepancia entre esta meta y la tasa de inflación y según la discrepancia entre el nivel de actividad observado y el nivel estimado de pleno empleo.

La meta fijada debería funcionar como determinante de las expectativas de inflación de todos los operadores económicos si las expectativas fueran lo que se denomina expectativas racionales.

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Si los formadores de precios aceptaran la meta del Banco Central sin modificaciones debería suceder que inmediatamente tendríamos pleno empleo.

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El problema aparece cuando los formadores de precios adoptan expectativas superiores a la meta, en cuyo caso la oferta agregada es superior a la demanda agregada establecida por el Banco Central y no se puede vender la totalidad de la producción ofrecida.

Los llamados “formadores de precios” son las empresas privadas pero que en realidad no forman nada, sino que fijan sus precios de venta de acuerdo con sus costos marginales.

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La variación en costos, considerando todas las empresas como un conjunto, se puede clasificar en tres rubros: aumentos de salarios, variaciones en el precio de los bienes transados internacionalmente (tipo de cambio) y modificaciones en las tarifas públicas.

Los salarios son fijados en paritarias, donde el poder de daño vía paros finalmente concluye en que son los sindicatos los que fijan su incremento.

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El tipo de cambio depende hoy de la cuenta de capital de la balanza de pagos y todo indicaría que no superará la meta.

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Las tarifas públicas seguirán aumentando en 2018, pero supuestamente no mucho más que la meta. O sea, podemos concluir que la tasa de inflación que regirá para la oferta global de 2018 estará dominada por la tasa de variación de los salarios que surja de las paritarias.

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Históricamente las variaciones en el salario explican más del 70% de la inflación. Los sindicatos en consecuencia fijarán la tasa de inflación.

Si el Banco Central manipulara la tasa de interés para cumplir con su meta de inflación 2018 del 15%, y los sindicatos no la aceptan acordando un número mayor, inevitablemente no tendremos una producción al nivel de pleno empleo.

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El Banco Central estaría estableciendo la tasa de recesión. Y entonces surge la pregunta de por qué los sindicatos no aceptan la meta. Obviamente no le creen al Banco Central y ante la duda acuerdan mayores salarios asumiendo que por razones políticas no se animará a crear desempleo.

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Pero nuestro razonamiento indica que los sindicatos no ganan nada, ganan cero por no respetar la meta, porque la inflación subirá tanto como los salarios, con o sin desempleo.

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El salario real no se modificará cualquiera que sea el aumento que se les ocurra a los sindicatos. Si decidieran aumentar un 10%, un 15% o un 25% da lo mismo, porque esa sería la tasa de inflación.

Un modo de solucionar la eventual discrepancia entre Banco Central y sindicatos sería promover el uso de las denominadas “cláusulas gatillo” en los convenios colectivos.

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En el convenio se acordaría la meta del 15% de aumento sujeta a un reajuste según la inflación núcleo resultante al fin del período con alguna provisión que contemple mejoras en la productividad.

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Entendemos que este mecanismo está siendo estudiado por las autoridades, aunque son temerosas de un hecho macroeconómico súbito no previsto.

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Sería el caso de una noticia que generara una huida hacia el dólar, típico de la Argentina, pero, dado el nivel de reservas actual, esta eventualidad no debería preocupar.

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Resumiendo: bien instrumentada la “cláusula gatillo” podríamos terminar 2018 con una inflación muy cercana al 15% y la economía trabajando a plena capacidad.

El autor es empresario

LA NACION Economía Inflación y precios.

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