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El Congreso da luz verde a la exhumación de Franco aunque todos los grupos ven "insatisfactorio" el decreto

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La vicepresidenta del Gobierno ha defendido el decreto ley que da luz verde a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos insistiendo en que el debate sobre la memoria histórica “requiere un cierre” aunque sea ya “con retraso” para conseguir que la democracia española tenga por fin “justicia, paz y concordia”. Por eso ha abogado por acabar con “la anomalía” que implica tener al dictador en “un mausoleo” para que pueda ser “exaltado”. Esta situación, ha dicho, es “insostenible”. “El dictador no puede estar en un mausoleo de Estado, en el mismo lugar en el que están las víctimas de uno y otro bando”, ha recalcado. El decreto, aprobado por el Congreso con la abstención de Ciudadanos y PP (han votado en contra dos de sus diputados, el ex presidente del Congreso Jesús Posada y José Ignacio Llorens , aseguran que por error), será tramitado como proyecto de ley para que todos los grupos puedan introducir enmiendas a la Ley de Memoria Histórica . Concretamente, en la votación se han registrado 177 síes (172 presenciales más cinco telemáticos), los dos noes ya citados y el resto han sido abstenciones.

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El Gobierno quiere la exhumación “por razones éticas y democráticas y con las garantías propias de un Estado de Derecho, con respeto a los restos mortales que se han de trasladar y a los miles de víctimas que hay todavía sin identificar en fosas comunes”, ha dicho la vicepresidenta.

Carmen Calvo: “No hay justicia, ni paz, ni concordia mientras Franco esté junto a sus víctimas”

Carmen Calvo ha aprovechado para señalar que España “es una de las grandes democracias del mundo” y ha insistido en que “no hay respeto, ni justicia, ni paz, ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que sus víctimas”. A ello ha añadido que el Valle de los Caídos “debe quedar para la paz y el respeto de las más de 30.000 víctimas”.

El real decreto añade una disposición adicional que faculta al Gobierno a proceder a la exhumación y contempla el escenario de que los familiares del dictador no quieran hacerse cargo de los restos ante lo cual sería el Ejecutivo quien decidiría su ubicación definitiva.

“No puede haber concordia sin resolución democrática de lo que ha sido injusto durante 40 años”. Con esta frase ha finalizado la vicepresidenta su breve defensa del decreto.

El PP, representado por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz , ha acusado al Gobierno de “arbitrariedad” y de actuar movido por el “capricho”. “La forma no es un trámite es una exigencia y una garantía de la democracia frente a la arbitrariedad”, ha dicho el diputado criticando duramente el uso de un decreto ley para sacar a Franco de su tumba. Ha recordado además que la mitad de la democracia española ha sido bajo gobiernos socialistas que nunca dieron el paso de exhumar al dictador.

Fernández Díaz ha recordado que también en este asunto el Gobierno ha rectificado en múltiples ocasiones y ha afirmado que es “grave tener que aguantar” que los socialistas estén sentados en el banco azul gracias a una moción apoyada por independentistas y populistas. El diputado del PP ha llegado a asegurar que le da “vergüenza” que se hable de crear una comisión de la verdad.

Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas se ha mostrado de acuerdo en que la democracia no puede tener un monumento que exalta al dictador pero ha añadido que el real decreto además de ser insuficiente no es el instrumento adecuado porque el único que tiene una “urgente necesidad” es Pedro Sánchez para “tapar las debilidades y vergüenzas de su Gobierno, para tapar su incapacidad para parar los pies a los separatistas, gestionar el país, aprobar el techo de gasto, hacer frente al problema de la inmigración ilegal o reformar el sistema de financiación económica”.

“La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad y su incompetencia”, ha afirmado Villegas quien ha abogado por afrontar el problema del Valle de los Caídos “bien”, es decir, convirtiendo el Valle en un monumento de reconciliación y buscando consensos. Para Cs el decreto del Gobierno es “una chapuza”.

Unidos Podemos ha señalado su “clara insatisfacción” con el decreto porque no subsana la “equiparación entre asesinos y víctimas”. Para Podemos , “el fascismo no es pasado ya que con él se alía Rivera y coquetea Casado”. No obstante, para la formación morada “ya era hora” de que se aprobase la exhumación de Franco. El partido de Iglesias ha aprovechado para atacar al Rey emérito Juan Carlos I , “el heredero de Franco“, y ha insistido en que “no se puede ser demócrata sin ser antifascista”.

La intervención gubernamental ha sido también objeto de críticas por sus tintes “demagógicos”, según la diputada de Coalición Canaria , Ana Oramas , o por haber sido una “cortina de humo” para ocultar problemas más graves de los españoles, según Foro Asturias .

UPN también ha atacado al Gobierno por “equivocar el instrumento normativo”, el decreto, reservado a materias urgentes, para proceder a la exhumación. La representante de Bildu ha considerado “insuficiente” la decisión del Gobierno aunque la apoya y ha señalado que “el problema no son los restos de Franco sino la permanencia del franquismo en las estructuras del Estado“. Para Bildu el decreto no es más que “un golpe de efecto”.

Jordi Xuclá , en nombre del PDeCAT , ha defendido que la “desfranquización” del Estado español es imprescindible. Xuclá ha añadido que con la exhumación no basta y hay que hacer más. Igualmente Joan Tardà de ERC ha presentado una larga lista de reclamaciones que deberían ser contempladas en la Ley de Memoria Histórica y que el Gobierno debería llevar a la práctica.

Desde el PNV , Mikel Legarda , ha respaldado el decreto y ha anunciado que su grupo trabajará durante la tramitación del decreto como proyecto de ley para mejorar la Ley de Memoria Histórica. Para el PNV el Valle de los Caídos es un lugar que “almacena sufrimiento y sangre” y debe ser “resignificado totalmente” tal y como recomendaban en 2011 los expertos. El PNV ha pedido además hacer efectivas la anulación de las sentencias injustas de los tribunales franquistas y la búsqueda e identificación de los desaparecidos víctimas de la dictadura.

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