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¿Quién se hará cargo del ajuste?

Entre los años 2001 y 2016, el número de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales pasó de aproximadamente 2.300.000 a 3.600.000, lo cual representa un incremento del 56%, cuando el aumento de la tasa poblacional fue inferior al 20% en ese mismo período. Dos tercios de esos agentes públicos pertenecen al nivel provincial, el 21% corresponde al Estado nacional y el 13% a los municipios.

Mediante el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno que firmaron recientemente con el gobierno nacional para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas, 22 gobernadores provinciales asumieron varios compromisos:

Mantener constante el gasto primario en términos reales. Esto es, que el gasto público provincial no aumente en proporción mayor a la tasa de inflación.

No incrementar el número de empleos en el sector público existente al 31 de diciembre de este año por encima del aumento de la tasa poblacional en cada jurisdicción.

Incorporar pautas para restringir la suba del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.

No aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes vinculados con el trabajo, la producción y su financiamiento.

El compromiso de los gobernadores para no subir el gasto en términos reales y para no incrementar los cargos públicos por arriba del crecimiento poblacional luce a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta que en 2001 había 36 empleados públicos provinciales por cada 1000 habitantes y que en 2016 ese número llegó a 52.

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Esto representa un incremento del 44% en ese período de 15 años y supera holgadamente el porcentaje de aumento de la población total.

Las provincias que, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales disponibles, tienen mayor cantidad de empleados públicos -sin considerar los nacionales y los municipales- son Catamarca (142,8 por cada 1000 habitantes), La Rioja (133,2 cada 1000), Jujuy (112,4 cada 1000), Tierra del Fuego (109,8 cada 1000) y Santa Cruz (104,4 cada 1000).

Los distritos que menor cantidad de empleados públicos tienen son la provincia de Buenos Aires (34,9 cada 1000 habitantes), Córdoba (38,2 cada 1000) y Santa Fe (45,4 cada 1000).

Frente a la pregunta sobre de dónde saldrán los recursos para compensar a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano Bonaerense, y que insumirán en 2018 alrededor de 40 mil millones de pesos, parece claro que no será el resto de las provincias el que haga el ajuste, sino que los fondos saldrán del Estado nacional, y más precisamente será la Anses la que resigne ingresos.

Concretamente, el gobierno de Mauricio Macri espera ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos a partir de una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones a partir del año próximo.

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Los aumentos para la clase pasiva se decidirán estrictamente en función del costo de vida, cuando hasta ahora se aplicaba una ecuación que combinaba el aumento de recaudación de la Anses con los incrementos salariales de los trabajadores en actividad, y que este año benefició a los jubilados, quienes percibieron un aumento superior al de la inflación.

De allí que Macri , en su reunión de la semana pasada con los gobernadores, les comunicara con absoluta franqueza la necesidad de ordenar las cuentas de una Anses que “no aguanta más”.

Claro que el mayor problema del sistema previsional argentino no pasa tanto por la forma en que se calculen los aumentos en los haberes jubilatorios, como por otras cuestiones estructurales.

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Mientras que en el año 1966 la expectativa media de vida era en la Argentina de 65,8 años, en la actualidad llega a 76,2 años (80,1 para las mujeres y 72,4 para los hombres).

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Del mismo modo, la población mayor de 65 años de edad ha pasado en ese período de 50 años del 11,2% al 24% en nuestros días.

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En consecuencia, hoy la proporción de aportantes al sistema de seguridad social por cada beneficiario se ha reducido ostensiblemente.

Aunque el Gobierno no lo haya puesto aún sobre la mesa, estos datos conducen a que, en algún momento, llegará a la Argentina el debate sobre el aumento de la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años.

En esta nota: Mauricio Macri María Eugenia Vidal LA NACION Opinión Actualidad política.

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